Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

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Nuestra realidad demográfica nos demuestra que gracias al mejoramiento de las condiciones sociales y del progreso de la Medicina, la expectativa de vida promedio se ha duplicado en los últimos 100 años. Teniendo en cuenta que el envejecimiento poblacional es un fenómeno que está aconteciendo en gran parte del mundo, la sociedad internacional se ha dado un espacio de debate para establecer marcos conceptuales y regulatorios para abordar dicha problemática.

Una política pública responsable debe estar basada en la defensa de los Derechos Humanos y exige prestar especial atención a este sector de la población. Ignorar las demandas y necesidades de los Mayores cercena las posibilidades de las generaciones futuras.

El derecho a ser incluido, a participar  y a contribuir, debe estar garantizado por la sociedad a todos sus miembros por igual, sin tener en cuenta la edad. La edad no puede ni debe ser una barrera para participar, enseñar, aprender, comunicarse, enamorarse, trabajar, elegir, ser independiente, elegir el domicilio, desarrollar su vocación, o defender su Dignidad.

Los Estados deben responsablemente promover una imagen positiva de la vejez: ello significa reconocer que esta edad es una etapa normal del desarrollo de la vida, en la que la mujer y el hombre se adaptan mediante acciones que previenen, corrigen o atenúan los cambios producidos por la declinación de sus potencialidades, y se integra con los otros grupos de la población evitando las segregaciones y discriminaciones que lo marginan y destruyen.

El área de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores:

  • Realiza actividades de difusión y capacitación con el objetivo de sensibilizar a los diferentes actores sociales acerca de la existencia y exigibilidad de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores.
  • Presta asistencia técnica, fortalecimiento institucional y formación específica a los organismos y agencias del Poder Ejecutivo Nacional, a los municipios y provincias que así lo requieran.
  • Evacua consultas de las personas adultas mayores o de sus familiares para restablecer los derechos y permitir una mejor calidad de vida de las Personas Adultas Mayores, frente a violaciones, desconocimientos, restricciones o menoscabo de los mismos.
  • Promueve el respeto de las personas adultas mayores, el paradigma de la protección familiar, el buen vivir, la autonomía de la voluntad y la calidad de vida de este grupo etario, evitando la institucionalización y promoviendo alternativas a las situaciones de encierro.

Convencion _interamericana _Proteccion _DDHH

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El 15 de junio la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de las personas mayores, una iniciativa impulsada por la Argentina.

El convenio está abierto a la firma de los 34 Estados miembros de la OEA y de esta manera, la flamante Convención exigirá que los estados que forman parte dispongan los recursos para garantizar el reconocimiento, el pleno goce y ejercicio de los Derechos Humanos de las personas mayores del continente. Asimismo, plantea definiciones para establecer políticas públicas destinadas a las personas mayores, es decir, aquellas de 60 años o más. En este sentido, la Convención entiende la vejez "como construcción social de la última etapa del curso de vida" y al envejecimiento "como proceso gradual, que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales".  Esta Convención fue aprobada por la Asamblea General con la firma de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, convirtiéndose así en un nuevo estándar americano y un precedente a nivel mundial tras un tiempo récord de trabajo de tres años. 

Su objetivo es "promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad", según indica el texto y en caso de que los derechos mencionados en la convención no estén reflejados en los sistemas legislativos o jurídicos nacionales, los Estados parte de la misma se comprometen a "adoptar las medidas legislativas o de otro carácter" necesarias para garantizarlos. 

Los derechos protegidos por esta convención son la igualdad y la no discriminación por razones de edad, el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y la autonomía, el derecho a la participación y la integración comunitaria y el derecho a la seguridad y a una vida sin violencia. 

También están contemplados el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, a la libertad personal y a la libertad de expresión, entre otros. 

Asimismo, se protege el derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación, el derecho a la privacidad y a la intimidad, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura y a la recreación, a la propiedad y a la vivienda. 

El texto también establece el igual reconocimiento ante la ley de las personas mayores, su derecho al acceso a la justicia, los derechos políticos y el derecho de reunión y asociación. 

La aprobación de esta Convención significa un paso más para seguir construyendo una Argentina para todas las edades con políticas públicas de garantía y ampliación de derechos como las que se vienen desarrollando en todo el país desde el 25 de mayo de 2003. 

 


Área de Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Adultas Mayores
Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación
de Vulnerabilidad
Esmeralda 138- CABA
Tel. (011) 5300-4000, Interno 76601
adultosmayores@jus.gov.ar

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