Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

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Migrantes

Marco conceptual, histórico y político de las migraciones



La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha destacado la importancia de un Estado presente que garantice los derechos de las personas migrantes y que promueva la educación contra la discriminación y xenofobia al expresar que "en todas las crisis económicas siempre surgen ataques xenofóbicos, que tienden a colocar como causa de los problemas económicos a las personas migrantes. 

Es un fenómeno terrible y peligroso; peligroso porque ha dado lugar a movimientos políticos, a situaciones que se vivieron durante el siglo XX y también durante el siglo XIX, en donde se consagraron las más atroces violaciones a los derechos humanos".

Por ello, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, proponemos avanzar en la protección y promoción de los derechos de los migrantes, en articulación con otras áreas del Estado Nacional y convocando a las organizaciones de migrantes a trabajar en una agenda común en favor de sus derechos.

A lo largo del siglo XX, la legislación y política migratoria argentina fue restrictiva en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas migrantes, prevaleciendo su carácter persecutorio y represivo con énfasis en la figura del "inmigrante ilegal". La Ley de Residencia y la ley 22.439, más conocida como Ley Videla, son claros exponentes de esa ideología. La primera de ellas, sancionada en el año 1902 por el Congreso de la Nación bajo la presidencia de Julio A. Roca, habilitaba al gobierno a perseguir y expulsar a inmigrantes considerados "agitadores extranjeros" sin juicio previo en nombre de la seguridad nacional. La segunda, dictada en el año 1981 durante la dictadura cívico-militar, entre sus restricciones obligaba a los hospitales a exigir a las personas extranjeras acreditación de su identidad y justificación de su permanencia legal en el país como requisito para ser atendidos, anteponiendo, de esta manera, una medida de control al derecho a la salud.

A partir de 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación, se produjo un cambio de paradigma y se introdujo una mirada de respeto irrestricto de los derechos humanos con la sanción de la Ley Nº 25.871 de Migraciones. Por primera vez en la República Argentina, el Estado Nacional garantiza el derecho a migrar y concibe a los y las migrantes como sujetos de derechos sin importar su condición migratoria.

Es importante reconocer que las personas que migran están más expuestas a: vivir situaciones de discriminación, racismo y xenofobia, a ser vulnerados sus derechos y a sufrir todo tipo de violencias debido a los cambios y las dificultades que genera el hecho mismo de migrar, de desconocer los derechos de los países a los cuales se dirigen y el grado de cumplimiento de la legislación por parte de las sociedades de destino.

A partir de la reglamentación de esta ley, el Estado Nacional puso en marcha una política integral de protección y promoción de los derechos de los migrantes, priorizando la no discriminación, la igualdad de trato y de acceso a derechos, y, como la educación y la salud, más allá de su situación migratoria. Además, la ley procura facilitar la regulación migratoria y refuerza la integración regional con los países que integran el Mercosur.

Como medida complementaria a la ley 25.871, en 2006, el Ministerio del Interior de la Nación lanzó el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria para extranjeros nativos de los Estados parte del Mercosur y los asociados. Este programa, denominado "Patria Grande", regularizó la situación de los migrantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, la República Bolivariana de Venezuela y Uruguay y estuvo destinado a facilitar la integración de las personas migrantes a través de la flexibilización de los requisitos necesarios para obtener su documentación y garantizar el acceso y ejercicio pleno de sus derechos.


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