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Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos



Argentina fue uno de los países que participó activamente en el largo proceso por el cual en Naciones Unidas se adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2002. El Protocolo fue aprobado en el país por la Ley Nº 25.932. Y Argentina fue así el sexto país en ratificarlo, el 15 de noviembre de 2004. De este modo, lideró, junto con otros países, la iniciativa para promover la entrada en vigor de dicho Tratado, para la que se requería de la adhesión o ratificación de veinte Estados. Así el Protocolo Facultativo entró en vigor el 22 de junio de 2006.

Más aún, desde que en el año 2007 se puso en funcionamiento el Órgano de Tratado, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) que supervisa la aplicación del Protocolo Facultativo, la Argentina ha propuesto en sucesivas elecciones a expertos independientes argentinos para integrar el SPT, los que han sido elegidos por los Estados Parte del Tratado. La Argentina también es uno de los países donantes al Fondo Especial del Protocolo Facultativo, que se utiliza para subvencionar proyectos de prevención de la tortura en Estados Parte del Tratado. Así, la Argentina mantiene el liderazgo en el desarrollo del Protocolo Facultativo. Este liderazgo se enmarca en la política de derechos humanos del país. Argentina lidera las discusiones por la adopción de nuevas convenciones. También promueve con su participación activa el fortalecimiento de los sistemas universal y regional de protección, a través del apoyo económico, aportando expertos, impulsando la implementación de los tratados, etc.

El artículo 17 del citado Protocolo dispone que cada Estado Parte mantendrá, designará o creará uno o varios Mecanismos Nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional. Y el artículo 29 establece que las disposiciones del Protocolo son aplicables a todas las partes componentes de los Estados Federales, sin excepción o limitación alguna.

En cumplimiento de esta obligación internacional se sancionó en noviembre de 2012 la Ley Nº 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta ley fue reglamentada el 9 de abril de 2014 por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 465. La Ley Nº 26.827, en su artículo 32, en concordancia con el artículo 29 del Protocolo, establece que además del Mecanismo Nacional de Prevención deberán crearse Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura en las provincias y en la CABA.

Desde la ratificación del Protocolo Facultativo en el año 2004, la SDH lidera el proceso de implementación tanto a nivel nacional como provincial. En el mes de julio de 2014, se estableció en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un área responsable de la implementación en Argentina del Protocolo Facultativo.

Para la implementación integral del Protocolo Facultativo en el país la SDH desarrolla tres líneas de trabajo, consistentes en:

  1. Promover y colaborar con la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
  2. Brindar asistencia técnica y apoyo político a las provincias en el proceso de creación y puesta en funcionamiento de los Mecanismos Locales de Prevención.
  3. Fortalecer los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura existentes.

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