Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

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Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos

Implementación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura



Promover y colaborar con la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

El artículo 17 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles de Naciones Unidas, dispone que cada Estado Parte mantendrá, designará o creará uno o varios Mecanismos Nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional. Y el artículo 29 establece que las disposiciones del Protocolo son aplicables a todas las partes componentes de los Estados Federales, sin excepción o limitación alguna. De allí surge la obligación de establecer un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Mecanismos Locales de Prevención en cada una de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cumplimiento de esta obligación internacional se sancionó en noviembre de 2012 la Ley Nº 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta ley fue reglamentada el 9 de abril de 2014 por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 465. La Ley Nº 26.827, en su artículo 32, en concordancia con el artículo 29 del Protocolo, establece que, además del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura deberán crearse Mecanismos Locales de Prevención en las provincias y en la CABA.

El proceso que culminó con la sanción de la Ley 26.827 se desarrolló en total sintonía con lo dispuesto por el Protocolo Facultativo. Contó con una amplia y sostenida participación de instituciones estatales y, sobre todo, de la sociedad civil de todo el país e internacionales. También tuvieron participación en este proceso el propio Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (SPT) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH). La SDH fue un actor clave para facilitar los consensos necesarios para la sanción de la ley, la que contó con el voto favorable de una amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso Nacional.

La ley sancionada es de particular complejidad ya que en la región, de los tres países con estructura federal, Argentina, Brasil y México, solo los dos primeros optaron por establecer un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. En Argentina la creación del Sistema Nacional fue adoptado en tanto resulta una alternativa adecuada para resolver los requerimientos que demanda la implementación del Protocolo Facultativo en un Estado federal. Entre los principales desafíos que la adopción de un Sistema Nacional de Prevención permite abordar, pueden señalarse:

  • Los desafíos de orden jurídico debidos a la división de competencias y jurisdicciones entre el Estado Nacional y las respectivas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Los desafíos de orden político que demandan la construcción de consensos federales.
  • La extensión territorial del país.
  • El alto número de lugares de detención y de personas privadas de libertad o potencialmente sujetas a privación de libertad, en el sentido amplio del Protocolo Facultativo.

El establecimiento de un Mecanismo Nacional de Prevención y Mecanismos Locales en las provincias, integrados en un sistema, fortalece el abordaje preventivo. Esto en tanto:

  • permitir una adecuada cobertura geográfica de los lugares de detención,
  • facilita la periodicidad de las inspecciones de monitoreo,
  • resulta más accesible para las víctimas y organizaciones de la sociedad civil,
  • favorece el diálogo cooperativo con las autoridades provinciales y la  coordinación de acciones multiagenciales entre los actores e instituciones que integran el Sistema o que, sin integrarlo, pueden aportar a acciones preventivas.

 

En el ámbito nacional, desde la creación en julio de 2014 del área de Implementación del Protocolo Facultativo, la SDH lleva adelante una serie de acciones para colaborar con la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional. Entre las principales acciones, la SDH:

 

  • Mantiene reuniones de trabajo y articula acciones de incidencia con diputados y senadores nacionales, ONGs nacionales (CELS, CPM, APDH, ANDHES, CTC, Sainuco, etc.) e internacionales (APT) y organismos internacionales (ACNUDH y SPT) con el objetivo de promover la designación de los integrantes del Comité Nacional del Mecanismos Nacional de Prevención de la Tortura, por parte de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo del Congreso Nacional
  • Consensuó con organizaciones de la sociedad civil del país, que impulsan la implementación del Protocolo Facultativo, una anteproyecto de Reglamento Interno para la Elección de Representantes de la Sociedad Civil al Comité Nacional y presentó el mismo a la Secretaría de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo.
  • En el mes de julio la SDH envío a la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo la postulación del representante propuesto por la SDH.
  • Colaboró en la organización de las reuniones que el Representante Regional para América del SUR de la ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, mantuvo con legisladores nacionales para impulsar la selección de miembros del Comité Nacional.
  • En cumplimiento de lo establecido por el Protocolo Facultativo, mantiene un vínculo permanente con el Relator para Argentina del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, Emilio Ginés, sobre los avances y obstáculos en la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo.
  • Se mantuvieron varias reuniones con el Procurador Penitenciario Nacional, Francisco Mugnolo para coordinar esfuerzos para la implementación del Protocolo Facultativo.
  • Participó en seminarios, conferencias y congresos en ámbitos nacionales e internacionales, tendientes a impulsar la implementación del Protocolo Facultativo en Argentina.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 26.827 la SDH asistió a los MLP existentes en el proceso de conformación del Consejo Federal de Mecanismos Locales. El 2 de octubre de 2014 las máximas autoridades de los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura de Chaco, Río Negro, Mendoza y Salta y de la Procuración Penitenciaria Nacional (como Mecanismo de Prevención designado por la Ley Nº 26.827), establecieron el Consejo Federal de Mecanismos Locales (previsto por el artículo 21 y subsiguientes de la Ley Nº 26.827) con el fin de contribuir a poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

 




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