Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

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Violencia Institucional

Líneas de Acción en Violencia Institucional



En lo que hace a violaciones actuales a los derechos humanos, la tarea que venimos llevando adelante apunta a desarrollar herramientas conceptuales y metodológicas que nos permitan conocer estos fenómenos. Es por ello que decidimos dedicar esfuerzos y recopilar saberes y experiencias a fin de poder conocer la dinámica y modalidades que adopta una de violaciones actuales a los derechos humanos con mayor impacto: la violencia institucional.

Desde la perspectiva de la Secretaría de Derechos Humanos hablar de violencia institucional refiere a situaciones concretas que involucran necesariamente tres componentes: prácticas específicas (asesinato, asilamiento, tortura, etc.), funcionarios públicos (que llevan adelante o prestan aquiescencia) y contextos de restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, de internación, de entrenamiento, etc.). Sobre esta base podemos establecer una definición que sirve para delimitar aquellas formas más graves que puede adoptar el accionar de los funcionarios públicos: se trata de prácticas estructurales de violación de derechos que son desarrolladas (por acción u omisión) por funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud, así como operadores judiciales, en contextos de restricción de autonomía y/o libertad.

En la medida en que estas prácticas son ejercidas desde instituciones públicas (por medio de sus funcionarios/as y/o efectores) tienen como consecuencia la vulneración y violación de derechos de las personas y la responsabilidad internacional del Estado. La erradicación de todas las formas de violencia requiere del impulso de políticas para combatir y eliminar la impunidad en todos los ámbitos involucrados, el fortalecimiento de los sistemas judiciales y de las políticas de derechos humanos e inclusión social.

Un aspecto central a resaltar es que, contrariamente a lo que puede surgir como primer intento de abordar estas situaciones, este tipo de prácticas no pueden ser pensadas como transgresiones individuales -que pueden aparecer pero sólo en casos marginales- sino que debemos pensarlas como prácticas que pueden conformar patrones estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios públicos. Aun cuando el origen y la genealogía de estas prácticas resultan complejos de establecer, indudablemente la impronta del accionar represivo de la dictadura militar no puede dejar de tenerse en cuenta.

A su vez, es importante destacar que la respuesta del Poder Judicial ante situaciones de violencia institucional resulta nodal para su prevención a futuro. Sin embargo, como sabemos, este resorte del Estado no siempre funciona y puede operar, por tanto, como "garante de la impunidad".

La aplicación por parte de agentes estatales de torturas, como así también la imposición de condiciones inhumanas de detención y el uso abusivo del poder coercitivo estatal, entre otras prácticas incluidas en esta caracterización, resultan lesivas para la integridad, la dignidad y la vida de las personas. Dada su recurrencia (tanto en el tiempo como en los ámbitos seleccionados), masividad y lesividad, este tipo de violaciones a los derechos humanos dan cuenta de patrones estructurales que afectan la vigencia plena del Estado democrático de derecho.

La tarea que emprendimos fue la de transversalizar la mirada y sistematizar las acciones que desarrollan diversas áreas de la Secretaría con el fin de promover el desarrollo de políticas públicas destinadas a la prevención de prácticas de violencia institucional en los diversos ámbitos de su ocurrencia. En la medida en que las lógicas de perpetración, encubrimiento e impunidad adoptan metodologías y dinámicas propias en el Estado de derecho, es nuestra intención conocer y abordar esta problemática en toda su complejidad, desde la producción de información respecto de las expresiones de violencia institucional hasta el desarrollo de instancias de asistencia técnica en materia de prevención de la violencia institucional destinada a diversos actores a nivel nacional, provincial y/o local.

 


Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos

Unidad de Registro Sistematización y Seguimiento de hechos de violencia institucional.

Coordinador: Lucas Ciarniello

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