El texto de la nueva resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial, afirma que la Inspección General de Justicia "es sujeto obligado a garantizar la información pública, con las salvedades estipuladas en la Ley de Protección de Datos Personales", a partir de lo cual establece poner "a disposición de los interesados la información existente en el organismo".
Garantizar el acceso a la información pública permite, no solo evitar restricciones o limitaciones a la publicidad y transparencia de los registros, sino también "garantizar la seguridad jurídica y el control de los actos de gobierno por parte de los individuos".