lunes, 01 de febrero de 2016
A través de la RG IGJ 3/2016 se dejó sin efecto la normativa restrictiva del acceso a la información en el ámbito de la Inspección General de Justicia. Este derecho es un prerrequisito que garantiza la participación ciudadana en el control de los actos de gobierno.
El texto de la nueva resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial, afirma que la Inspección General de Justicia "es sujeto obligado a garantizar la información pública, con las salvedades estipuladas en la Ley de Protección de Datos Personales", a partir de lo cual establece poner "a disposición de los interesados la información existente en el organismo".
Garantizar el acceso a la información pública permite, no solo evitar restricciones o limitaciones a la publicidad y transparencia de los registros, sino también "garantizar la seguridad jurídica y el control de los actos de gobierno por parte de los individuos".
