Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

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Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil: condiciones de detención que fomenten la integración de los jóvenes

Públicada el 16/02/2017

Reuniones con la sociedad civil, con fiscales y defensores para avanzar en el anteproyecto de ley

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos organizó dos nuevas mesas de trabajo para avanzar en el anteproyecto de Ley para un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Por un lado, se realizó una reunión con fiscales y defensores del fuero juvenil de la Nación, y por otro, una reunión temática enfocada a las condiciones de detención de los jóvenes en el marco de una nueva ley.

El subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, realizó un balance de las reuniones previas y expresó a los magistrados: “les queremos contar lo que va surgiendo de las reuniones generales, nos pareció adecuado que tuvieran además un espacio propio y específico como especialistas para que puedan darnos sus propuestas y sus críticas, y que su propia interacción nos ayude a llegar a los mejores consensos.” 

Ramiro Coto, en representación de la Procuración General de la Nación,  destacó que “este espacio de trabajo conjunto es bienvenido. Queremos agradecer la invitación del Ministerio a esta nueva reunión, seguimos trabajando en las reuniones temáticas. La Procuradora tiene interés en participar y lograr el mejor proyecto posible.”

Daniel Torres, fiscal de Menores comentó que “tenemos leyes con grandes declaraciones de derechos que no son operativos; no hay interacción entre el Poder judicial y los organismos del Estado a cargo de la implementación de políticas públicas. Hace falta articulación institucional, un puente con los organismos públicos, y políticas públicas para que los más chicos no lleguen al sistema penal.”

Gustavo Gallo, en representación de la Defensoría General de la Nación, afirmó que “hay que poner en la agenda el fortalecimiento de la familia. Necesitamos un sistema de protección para prevenir, para insertar. Sí la institucionalización es la ultimísima ratio en el caso de los jóvenes, las medidas alternativas tienen que estar sujetas a políticas públicas”.

Posteriormente, Casares presidió la mesa de trabajo interdisciplinaria para discutir las condiciones de detención de los jóvenes, en el marco del paradigma de la Convención de los Derechos del Niño.

Al abrir el debate el Subsecretario de Política Criminal destacó que “este es un tema muy importante, el Ministro ha creado una Mesa de Trabajo para abordar la problemática de las condiciones de detención y relevar los monitoreos existentes en cada provincia dentro de los institutos de menores. Hay que crear un sistema respetuoso de los estándares internacionales, con capacitación permanente para los chicos y para todos los operadores en contacto con ellos. Debemos lograr una ley nacional que articule reglas que finalmente van  a  aplicar institutos de jurisdicción local”

La coordinación del encuentro estuvo a cargo de Hernán Sosa, en representación de Unidos por la Justicia, Karina Leguizamón, presidente de los centros de detención de CABA y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y César Giménez, juez penal juvenil de la provincia de Misiones y presidente de Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y  Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia.

Alicia Blasco,  Directora Nacional de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires,  resaltó que “hemos acordado que nuestra aproximación al tema se basa en la privación de la libertad entendida como último recurso. El texto de la nueva ley estará basado en la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y en  la observación general n° 10 de la Naciones Unidas (los Derechos del Niño en la Justicia de menores). Los centros de detención debieran tener dependencia orgánica del organismo que lleve adelante la política pública dirigida a la niñez.”

Asimismo, Eduardo Martínez, del Programa Sumar del Ministerio de Salud, hizo hincapié en el impacto que “la situación de encierro tiene en un adolescente consecuencias a nivel físico, emocional y psicológico”; y pidió una aproximación al tema entendiendo la salud de forma integral, respetando las guías y protocolos para atención de personas privadas de su libertad del Ministerio de Salud”.

En las reuniones se destacó la presencia de representantes de organismos jurisdiccionales, poderes ejecutivos nacionales y provinciales de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba,   Buenos Aires  y de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Estuvieron presentes la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, la diputada Lucía Duré; Federico Baines, de SEDRONAR; Damían Muñoz, de la Defensoría General de la Nación; Milagro di Marco, del Ministerio de Educación; y Pablo Rivarola, de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Córdoba

En las próximas reuniones se prevé tratar temáticas centrales para la elaboración del proyecto, como: el sistema de articulación permanente intersectorial y los recursos; el sistema de información; y la definición de imputabilidad de los jóvenes.

Se contó con la participación de representantes de UNICEF, de la Asociación Argentina de Psiquiatras , la Asociación Psicoanalítica Argentina,  de la Federación Universitaria Argentina, de los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación, del Consejo de la Magistratura (CABA), de Poderes Ejecutivos de Neuquén y Córdoba, de la Defensoría General de la Nación, de la Procuración General de la Nación, la Diputada Nacional Lucila Duré, asesores de ambas Cámaras legislativas nacionales, de Universidades Nacionales, y miembros de ONGs y organizaciones que trabajan en la temática, como la SEDRONAR, la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales  de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia(AJUNAF), DONCEL, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), la Ong Andhes, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), la Asociación Pensamiento Penal y el Observatorio de Jóvenes y Adolescentes, entre otros.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de febrero de 2017.-

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