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Código Penal: pautas precisas para determinar la pena de prisión

Públicada el 06/12/2017

Es especialmente grave que las víctimas sean niños o ancianos,  los casos de violencia de género o de discriminación y el uso de armas


El camarista Mariano Borinsky  presidió hoy  en el Ministerio de Justicia, la reunión de la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal,  en la que se decidieron pautas precisas para la determinación de las penas privativas de la libertad.

Para dar racionalidad y proporcionalidad al sistema y evitar la interpretación que ha llevado a que la mayor parte de las condenas que se aplican correspondan al mínimo previsto para cada delito, la Comisión determinó qué conductas serán especialmente penadas.

La nueva regla de política criminal para determinar la pena, reduce el ámbito de arbitrariedad de los jueces, y obliga a que la condena se determine dentro del tercio superior correspondiente a la escala de cada delito. 

Los expertos decidieron que en el nuevo Código Penal constituyen agravantes para la determinación de la pena,  y deberá aplicarse una pena que oscile dentro del tercio superior de la escala, a los casos en los que haya odio racial, político, religioso o discriminación.

También corresponderá está agravante a los casos de vulnerabilidad de las víctimas, si estas son niños o ancianos, ante la pluralidad de intervinientes, por la participación de menores,  o cuando se haga uso de armas o de  explosivos y en el caso de terrorismo. 

Por otra parte, el pleno avanza en una moderna definición de inimputabilidad, en todo acorde con la ley de Salud Mental y las convenciones de Derechos Humanos, pero que  contiene previsiones para los casos de  personas legalmente inimputables, pero capaces de dañar gravemente a terceros como el caso de violadores o asesinos.

En este sentido se prevé que si una persona, cometiere un hecho ilícito en estado de incapacidad de culpabilidad por cualquier padecimiento mental o perturbación de conciencia, o en estado de inconciencia, el tribunal podrá ordenar, previo dictamen de peritos, su internación en un establecimiento adecuado, si por causa de su estado existe el peligro de que el sujeto se dañe o dañe a otros.

En el marco de la ronda de presentaciones que la  Comisión hace en todo el país,   Borinsky  presento está semana la reforma del Código en el Instituto Superior de la Magistratura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la justicia Nacional.

En esta ocasión, el Camarista de la Casación Penal estuvo acompañado por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista, Carlos Alberto Mahiques y por el senador Rodolfo Urtubey, presidente de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación. 

En su presentación Borinsky remarcó que el Código  “es un nuevo contrato social,  que refleja los intereses fundamentales de la sociedad argentina, 18 comisiones fracasaron y estamos trabajando  en un intento de unificar 100 años de reformas y de creación de  leyes especiales  en un único digesto, posible, lógico, moderno, acordado y con penas de cumplimiento efectivo”

Por su parte el senador por Salta destacó “la urgente necesidad de aprobar un código que incluya todo el decálogo de delitos y a los nuevos bienes protegidos” y continuó diciendo “que el diálogo y  el debido respeto a  las  incumbencias propias de cada poder está dando como resultado una política de Estado, esto es  un código  que superando  cualquier dialéctica,  tiene en cuenta experiencias anteriores,  compromisos asumidos por la Argentina internacionalmente y la jurisprudencia de la CSJN y debe ser tratado, discutido  y esperemos aprobado en 2018”

La Comisión está integrada  por el camarista de la Casación Penal, Mariano Borinsky el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista, Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; el abogado Fernando Jorge Córdoba y la jueza Patricia Susana Ziffer.

También participan los representantes del  Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017.-


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