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Los Centros de Acceso a Justicia atendieron más de 314 mil consultas en un año

Públicada el 29/01/2018

Las oficinas multiservicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos están presentes en todas las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires


Los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos atendieron más de 314 mil consultas el último año en las 89 sedes distribuidas en todo el país. En promedio unos 860 trámites por día fueron atendidos por los equipos profesionales que trabajan en los CAJ integrados por abogados/as, psicólogos/as y trabajadores/as sociales.


Entre los trámites más frecuentes se ubican los relacionados al acceso a documentación personal y certificaciones, seguridad social (pensiones, jubilaciones, AUH) y relaciones de familia. Le siguen consultas vinculadas a cuestiones de vivienda, trabajo y violencia género.


Con la inauguración de una oficina en San Luis se completó la red federal con presencia en todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En esa línea el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano explicó que “La Red Federal consolida las bases de una política pública de acceso a la justicia pensada para favorecer a las poblaciones vulnerables” y agregó que “Este sistema nació como una respuesta a las dificultades burocráticas y territoriales por las cuales se limita el acceso igualitario de los argentinos a sus derechos”.

Dentro de los múltiples servicios que brindan estos espacios de atención comunitaria está el de atención legal primaria integral donde se asesora, asiste y acompaña a personas que enfrentan barreras o problemas para el ejercicio de sus derechos, o experimentan conflictos interpersonales o legales.



Asistencia legal gratuita

A partir de este año todos los CAJ ofrecerán en forma gratuita patrocinio jurídico, un servicio indispensable para que las personas reciban representación legal, de la mano de abogados/as que trabajarán junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a partir de un convenio firmado con colegios y asociaciones de abogados, universidades y ONG para proveer respuestas efectivas a las necesidades legales de población en situación de vulnerabilidad social que acude cotidianamente a los CAJ.


“Estamos convencidos del rol protagónico que los abogados tienen en la dimensión del acceso a la justicia”, subrayó la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez y resaltó que a través de estas iniciativas se “suma mayor calidad a los servicios y prestaciones que se le brindan a las comunidades que más lo necesitan”.


¿Qué son los CAJ?

Son oficinas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que brindan atención a la ciudadanía de menores recursos frente a todo tipo de problemas legales. Están integrados por profesionales del derecho, de la psicología y del trabajo social para poder brindar una atención integral.


Servicios que ofrecen:

1. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Sobre los problemas legales de las personas y los derechos involucrados en su consulta, brindando asistencia directa para su resolución.

2. ASISTENCIA Y PATROCINIO JURÍDICO

Acompaña y asiste profesionalmente a las personas para realizar gestiones administrativas y conseguir patrocinio jurídico, en caso de que lo requieran.

3. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

El equipo psicosocial acompaña a las personas a fin de lograr un autorreconocimiento como sujetos de derechos.

4. MEDIACIONES COMUNITARIAS

Para la resolución de conflictos familiares, vecinales, económicos, entre otros.

5. ACTIVIDADES COMUNITARIAS

Organiza jornadas, talleres y grupos de trabajo para fortalecer las capacidades comunitarias en el ejercicio de derechos.

6. ASISTENCIA PARA DERECHOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Brinda orientación y facilita el acceso a otras agencias del Estado que gestionan prestaciones sociales (DNI, partidas, gestiones ante ANSES, Tarifa Social, Certificados de Antecedentes Penales, etc.).

7. SERVICIOS ITINERANTES Y DESCENTRALIZADOS

Los Centros de Acceso a Justicia realizan visitas regulares a distintas zonas de su localidad, donde se encuentra población en situación de vulnerabilidad social, para extender allí la prestación del servicio.


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de enero de 2018


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